El mercado del alquiler en España atraviesa una situación alarmante. En el último año, el precio medio del alquiler ha subido a un ritmo cuatro veces superior al de los salarios, lo que ha generado un fuerte desequilibrio entre ingresos y costes de vivienda, afectando especialmente a los hogares más vulnerables y a los jóvenes.

Este fenómeno se debe a varios factores combinados: alta demanda, escasa oferta, incertidumbre jurídica derivada de la Ley de Vivienda y un fuerte desplazamiento hacia el alquiler frente a la compra. En las grandes ciudades y áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona o Valencia, los incrementos son aún más acusados, haciendo cada vez más difícil que los inquilinos puedan afrontar el pago mensual sin sobreendeudarse.

El aumento desproporcionado respecto a los sueldos provoca que muchas familias destinen más del 40% de sus ingresos al alquiler, por encima del umbral recomendado por organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Esto ahoga económicamente a miles de inquilinos, reduce su capacidad de ahorro y limita su acceso a una vivienda digna.

Este contexto ha reabierto el debate sobre la efectividad de las políticas públicas de vivienda, la necesidad de impulsar la construcción de alquiler social, y de ofrecer incentivos a propietarios particulares para ampliar la oferta.