La adquisición de una vivienda en propiedad es, con seguridad, la principal inversión económica de la mayoría de las familias españolas. El 86 % de éstas es propietaria de la vivienda en la que habita, porcentaje que dista mucho de las cifras de la mayoría de los países europeos. Las razones de este comportamiento son múltiples y, habitualmente, vienen de muy atrás, y aunque hay quienes opinan que este afán por la vivienda en propiedad no es económicamente sano, hoy por hoy podemos decir que, al menos para los ciudadanos de a pie, tiene más ventajas que inconvenientes y, en la coyuntura actual, dado que los alquileres tampoco están baratos. Hoy por hoy, arrendar y destinar parte de los salarios al pago de un servicio de alquiler no se considera una inversión inteligente si se tiene en cuenta que el pago de la cuota del préstamo para comprar el piso viene a equipararse al coste mensual de un alquiler.

Y no se ven perspectivas de cambio: el nuevo IRPF que entra en vigor en enero de 2003 contempla la desgravación de hasta el 50 % de las rentas obtenidas por el arrendamiento que favorecen a los propietarios de pisos con destino al alquiler y, por el contrario, no prevé ninguna ventaja para los inquilinos por el pago de sus mensualidades. Así que: ¿por qué alquilar si cuesta lo mismo -o menos- que comprar?

Sin embargo, aun con eso, la compra de una vivienda se lleva, como media, el 47,4 % de los ingresos de los ciudadanos; si a ello sumamos que otras adquisiciones familiares también se hacen recurriendo al endeudamiento, nos encontramos con que dos tercios de nuestros ingresos están comprometidos frente a las entidades financieras. Frente el riesgo de sobreendeudamiento que tal cosa supone, frente el prolongado esfuerzo económico que han de mantener los pequeños ahorradores, frente a los riesgos y abusos que pueden venir de vendedores y bancos, frente al desconocimiento por parte de los ciudadanos e sus derechos y de cómo aplicarlos, proponemos aquí las pautas de actuación para que el usuario tenga el debido control sobre la mayor inversión de su vida.

(*) En porcentaje de la renta familiar media necesaria para adquirir una vivienda
de precio medio.

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